Un spot publicitario para la televisión peruana, en el que se utiliza la imagen del ex asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, ha provocado reacciones contrarias al fin que las autoridades del gobierno de Alan García, pretendían emitir.
En efecto, un corto comercial político en el que aparece la figura y la voz de Vladimiro Montesinos, en la sala de audiencia en la que se juzga al “chino”, éste se dirige al fiscal y dice que “el gobierno de 10 años de Fujimori, fue tan correcto que los maestros agrupados en el Sindicato Unido de Trabajadores Educativos del Perú (SUTEP), nunca hicieron un paro o huelga”, seguida de un texto en off aludiendo a los sindicalistas que nunca protestaron en época de la dictadura “fujimontesinista” y sí lo hacen en momentos de la democracia.
La finalidad era desacreditar al Sindicato General de Trabajadores del Perú (CGTP), organizadores del “paro general” programado para el día 9 de julio, pero que en muchos lugares empezó el día 8 del mismo mes.
Congresistas, alcaldes y analistas políticos han protestado por el uso de la figura tan desacreditada como la de Montesinos, buscando el descrédito del paro. El presidente del Gabinete ministerial Jorge del Castillo, había dicho que el pago de estos spots lo haría el Partido Aprista del Perú, agrupación a la que pertenece el presidente García y sus aliados en el gobierno.
El Canal N de cable de televisión en Lima, mostró una orden de publicidad en la que se hace mención al comercial televisivo y que debía facturarse al PNUD una oficina para el desarrollo de la ONU. De inmediato del Castillo salió a desmentir tal aseveración y el secretario del partido de gobierno y congresista Mauricio Mulder, dijo que era una equivocación de la agencia de publicidad encargada de confeccionar el comercial y que pronto mostrará la factura a nombre del APRA.
El comercial ha sido retirado de las pantallas apenas se produjo el cargamontón en contra de los responsables creativos del spot “No al Paro”. Un parlamentario dijo que una vez más el partido de gobierno no sabe manejar momentos de crisis.
Más datos:
"Ese pago no ha salido del Estado", afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, al descartar que la institución a su cargo subvencionara un spot televisivo contra el paro que se realizará este 9 de julio.
Según una denuncia periodística; la publicidad en la que aparece el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos -durante su declaración en el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori- afirmando que el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) nunca realizó una paralización durante el gobierno fujimorista; fue pagada por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) a nombre del Estado peruano.
Del Castillo Gálvez expresó su sorpresa ante la reacción ocasionada por la difusión de este spot publicitario pues las imágenes utilizadas fueron transmitidas a nivel nacional por dos canales de televisión.
Ayer, Perú e Israel suscribieron un Acuerdo de supresión de visas que facilitará el acercamiento de ambos países con el objetivo de alentar un incremento significativo del turismo bilateral y el intercambio cultural, científico y académico. El acuerdo fue suscrito por el Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, y por el embajador del Estado de Israel en Lima, Walid Manssur, informó la agencia Andina. La Cancillería israelí ofreció agilizar todos los trámites necesarios de intercambio de información acerca de los documentos de viajes vigentes en ambos países. También, informar a las autoridades migratorias de Perú e Israel, así como a las líneas aéreas y otras empresas de transporte de pasajeros el contenido de este acuerdo.
Deudos: vamos camino hacia la verdad
Putis y sus 123 muertos producto de una masacre
El General Donaire, Comandante General del Ejercito Peruano declaró a la prensa: “Qué fácil es criticar después de 20 años y pedir comprensión por los hechos”. El ministro de Defensa Dr. Antero Flores – Araoz, prometió descifrar los nombres de los militares comprometidos en la matanza. En el documento, finalmente, no dijo nada. Los familiares había aportado algunos apodos de los implicados como: Teniente “Baretta”, Oficial “Lalo” y comandante “Oscar”
Masiva ejecución extrajudicial fue en diciembre de 1984
Con ocasión de cumplidos 5 años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) los deudos de los aproximados 123 comuneros asesinados en las alturas de la Región Ayacucho, en la Sierra del Perú, protestaron y dieron testimonios del horroroso momento en que sus familiares fueron aniquilados por las Fuerzas Armadas. Piden se haga justicia. El hallazgo y entierro de algunos de los cadáveres es solo el principio de una verdad que se abre paso luego de 24 años.
Un programa televisivo de Lima presentó, la semana anterior, el testimonio de un ex soldado, presente en el momento de la masacre y éste confirmó lo investigado por el periodista Edmundo Cruz y denunciado en el 2001 y coincidió con lo publicado, en parte, por algunos diarios de la capital. Los campesinos fueron vilmente engañados, llevados hasta lo que sería el lugar de sus tumbas, y luego asesinados sin ningún tipo de contemplaciones, incluidos hombres, mujeres y por lo menos 16 niños. El ex soldado concluyó que la razón era quedarse con el ganado y las pertenencias de los comuneros.
Crónica de lo ocurrido
Los efectivos del orden recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en el local donde funcionaba el colegio, juntándolos con otros pobladores a quienes los soldados habían sacado de sus viviendas. Les aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población. Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas.
Sin embargo, cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que había hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar.
Los asesinaron porque tenían sospecha de que estaban vinculados a la subversión; además, para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos que, luego de los hechos, comercializaron en Marccaraccay.
Los militares cubrieron los cadáveres que se encontraban en la fosa con tierra y piedras. Otra parte de las víctimas habría sido sepultada al interior de un aula en la escuela. El ejército repelió el ataque y persiguió a los sediciosos en las cercanías de los límites de Ayacucho y Huancavelica.
Según información policial procedente de Yutis, a 80 kilómetros al noroeste de Huanta... una unidad del Ejército había acantonado la tarde del domingo, cuando se encontraba tras los rastros de un numeroso grupo senderista.
Investigación del Ministerio Público
En noviembre del 2001 el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Heriberto Benítez Rivas, demandó a la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, que investigue de oficio la existencia de una fosa común con los restos de un centenar de comuneros de Putis, a raíz de un reportaje publicado en el Diario La República, en la que se denunciaba el hecho.
El 3 de diciembre de 2001, la Fiscalía Mixta de Huanta del Departamento de Ayacucho resolvió abrir investigación fiscal en contra del General EP (r) Adrián Huamán Centeno y el Comandante EP Edmundo Obregón Valverde por delito de homicidio calificado. A la fecha, sólo se han actuado algunas declaraciones testimoniales y el diligenciamiento de los oficios. A partir del 2003, esta misma investigación continúa a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada de Huamanga.
Investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
En base a los testimonios recibidos y la investigación realizada, la Comisión de la Verdad y Reconciliación puede afirmar que en diciembre de 1984 un centenar de campesinos de diversos anexos de las comunidades de Putis, Cayramayo, Vizcatampata y Rodeo, fueron ejecutados extrajudicialmente por militares destacados en Putis.
Los efectivos cometieron dicho crimen porque consideraban que los campesinos estaban vinculados con el PCP-SL, debido al constante transitar del grupo terrorista por la zona donde vivían las víctimas. Además, los asesinaron con la intención de adueñarse del ganado vacuno, porcino y caprino que tenían los pobladores.8
La sospecha de subversión que tenían los militares fue fortalecida por algunos pobladores de la comunidad vecina de Marccaraccay que colaboraban con ellos, quienes les aseguraron que los campesinos de Putis pertenecían al movimiento subversivo.
Un legislador de la época manifestó que: “En la década del 80 se utilizó una política antisubversiva “escalofriante y macabra, meramente castrense, equivocada porque pensaban que matando a los campesinos iban a acabar con el terrorismo” Diario La República.
Reporte del diario Expreso de la época
Huanta, 5 diciembre (Especial para Expreso).- Un ataque suicida de cincuenta terroristas a un campamento militar en la zona de Yutis, le costó a el PCP-SL 22 bajas, cuando el Ejército repelió el ataque y persiguió a los sediciosos en las cercanías de los límites de Ayacucho y Huancavelica.
Según información policial procedente de Yutis, a 80 kilómetros al noroeste de Huanta... una unidad del Ejército había acantonado la tarde del domingo, cuando se encontraba tras los rastros de un numeroso grupo senderista. NR. El nombre de la localidad sería Putis. Yutis no existe en la zona.
Investigación del Ministerio Público
En noviembre del 2001 el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Heriberto Benítez Rivas, demandó a la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, que investigue de oficio la existencia de una fosa común con los restos de un centenar de comuneros de Putis, a raíz de un reportaje publicado en el Diario La República, en la que se denunciaba el hecho.
El 3 de diciembre de 2001, la Fiscalía Mixta de Huanta del Departamento de Ayacucho resolvió abrir investigación fiscal en contra del General EP (r) Adrián Huamán Centeno y el Comandante EP Edmundo Obregón Valverde, por delito de homicidio calificado. A la fecha, sólo se han actuado algunas declaraciones testimoniales y el diligenciamiento de los oficios. A partir del 2003, esta misma investigación continúa a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada de Huamanga.
Investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
En base a los testimonios recibidos y la investigación realizada, la Comisión de la Verdad y Reconciliación puede afirmar que en diciembre de 1984 un centenar de campesinos de diversos anexos de las comunidades de Putis, Cayramayo, Vizcatampata y Rodeo, fueron ejecutados extrajudicialmente por militares destacados en Putis.
Los efectivos cometieron dicho crimen porque consideraban que los campesinos estaban vinculados con el PCP-SL, debido al constante transitar del grupo terrorista por la zona donde vivían las víctimas. Además, los asesinaron con la intención de adueñarse del ganado vacuno, porcino y caprino que tenían los pobladores.
La sospecha de subversión que tenían los militares fue fortalecida por algunos pobladores de la comunidad vecina de Marccaraccay que colaboraban con ellos, quienes les aseguraron que los campesinos de Putis pertenecían al movimiento subversivo.